Polémica por el desdoblamiento de género en la Constitución española.

Según ha podido saber ABC,el director de la Academia, Darío Villanueva, no recibió la llamada directa de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, el pasado lunes en la víspera del anuncio. Quien realizó la llamada fue su jefa de gabinete, Isabel Valldecabres, a las 10:42. La conversación duró apenas siete minutos, los suficientes para anunciarle a Villanueva la intención del Gobierno de encargar un análisis sobre el lenguaje de la Constitución. Pero no se habló en momento alguno de género. Ni de desdoblamiento.

Estas palabras chocan directamente con las que al día siguiente Carmen Calvo pronunció en rueda de prensa, cuando aseguró que había encargado a la Academia un estudio sobre «la adecuación» de la Constitución española a un lenguaje «inclusivo, correcto y verdadero a la realidad de una democracia que transita entre hombres y mujeres».

Unas afirmaciones que numerosos académicos y portavoces de los principales partidos políticos de la oposición (Partido Popular y Ciudadanos) critican. Además, acusan directamente al Gobierno de haber puesto a «una institución de todos», como es la RAE, en el centro de la polémica. Consideran que la Academia está sufriendo graves daños de una forma totalmente gratuita.

Presión

Álvarez se muestra muy preocupado por la deriva que está tomando la solicitud del informe a la RAE. Lamenta que la institución se vea afectada por las decisiones del Gobierno, al que acusa de estar presionando políticamente a la Academia: «Evidentemente, la afirmación de Carmen Calvo de que la Constitución necesita una adecuación lingüística fue tendenciosa. Parece que quiere dirigir de antemano la respuesta de la Academia al expresar esto. Cualquier decisión que tome la RAE estará enfrentada a la afirmación de la vicepresidenta».

El político afirmó, por otro lado, que está convencido de que esta medida obedece a un intento del Gobierno por distraer a la población de los problemas reales del país: «Este tipo de cuestiones que pueden parecer emocionalmente elevadas hacen que todos nos distraigamos y que lo realmente importante -las reformas que necesita España- sigan estancadas».

Emilio del Río, doctor en Filología y portavoz de la comisión de Cultura del Partido Popular, tiene la misma opinión que Félix Álvarez. El político acusa al Gobierno liderado por Sánchez de estar tratando de ocultar «su falta de programa» con una cortina de humo: la revisión del lenguaje de la Constitución. «Pedro Sánchez no está gobernando y quiere distraer nuestra atención con este tipo de medidas», explica a ABC el político y filólogo.

Del Río también ve presión política del Gobierno a la Academia en la solicitud de revisar el lenguaje de la Carta Magana. Asegura que lo más democrático que tiene un país es su idioma, ya que este «nace de un pacto entre toda la sociedad». Recuerda, además, que la RAE es únicamente la encargada de recoger su uso y que a ella, en ningún caso, le corresponde la obligación de crearlo. Es por ello que afirma que cualquier intento político de adecuar el lenguaje representa «un ataque contra la democracia».

La preocupación de Félix Álvarez y Emilio del Río es compartida por Marta Rivera, escritora y presidenta de la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados, quien explica a ABC que está «muy enfadada». La política incide en que el Gobierno de Pedro Sánchez «carece completamente tanto de proyecto como de ideas».

«La RAE merece un respeto. Da la impresión de que quieren usar a la Academia como arma arrojadiza, ponerla en el centro de un tira y afloja. En esta institución trabaja mucha gente y de manera muy seria. Si resuelven hasta por Twitter las dudas», explica Rivera sobre la «difícil situación» en la que, en su opinión, ha puesto el Gobierno a la Academia al solicitarle un informe para adecuar la Constitución al lenguaje inclusivo. La diputada de Ciudadanos afirmó a este periódico, además, que «no hay un texto que soporte el desdoblamiento de género». Es por esto que solicita al Gobierno que «piense bien las cosas y su significado».

Igualdad

Tanto Félix Álvarez como Emilio del Río afirman que el empeño del Gobierno por revisar el lenguaje de la Carta Magna no tiene, absolutamente, nada que ver con la lucha por la igualdad entre hombre y mujer.

«Parece ser que el que uno defienda el lenguaje significa que está en contra de la causa feminista. Nada más lejos de la realidad. Yo creo que el Gobierno no comprende la diferencia entre género y sexo», explica Álvarez.

Por su parte, Del Río asegura que la igualdad real entre hombre y mujer no pasa, en modo alguno, por realizar una adecuación del lenguaje: «La igualdad real se logrará incluyendo a las mujeres en puestos de responsabilidad en consejos directivos de empresas, así como luchando por la igualación salarial y contra la violencia de género. En ningún caso es necesario modificar el lenguaje».

Estas palabras del portavoz popular las respalda la escritora española de origen uruguayo Carmen Posadas. La autora de «Pequeñas infamias» ve en la revisión del lenguaje de la Constitución «un perjuicio para todas las mujeres, porque lleva el debate al absurdo».

«El cambio de mentalidad no vendrá por una salida de pata de banco. La vicepresidenta del Gobierno parece que quiere colgarse una medallita de que es la más feminista. Pero no sirve para nada, no nos ayuda en absoluto a las mujeres, más bien van a pensar que estamos locas», se lamenta la escritora a ABC.

Esta opinión no tiene nada que ver con la del portavoz de Cultura del PSOE, el filólogo José Andrés Torres Mora. El socialista explica a ABC que, al no formar parte del Gobierno de Pedro Sánchez, no tiene nada que ver con la decisión de revisar el lenguaje de Constitución. A pesar de ello, está convencido de que el ejecutivo debe tener sus razones.

«Si el Gobierno ha pedido la revisión tendrá motivos suficientes para hacerlo. Este es un tema (el lenguaje inclusivo) sobre el que discutimos todos los que nos dedicamos a hablar en público», afirma Torres Mora.

Por otra parte, el socialista asegura que las palabras de Carmen Calvo no suponen ningún tipo de presión política, ya que «en una democracia avanzada como la española no tendría sentido alguno». El político, además, no cree que nadie en la RAE haya entendido la petición de la vicepresidenta de ese modo. Por el contrario, opina que «amenazar con dimitir como académico es una presión mucho más grande».

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